Escribo esto un 26 de julio, con el país otra vez envuelto en humo. No es una imagen retórica. Los datos oficiales, todavía provisionales, correspondientes al periodo entre el 1 de enero y hoy mismo, hablan de 152.678 hectáreas forestales afectadas en lo que va de año, frente a las 24.133 del mismo periodo de 2025. Seis veces más. Y el dato que de verdad debería hacernos parar a pensar es otro. El número de grandes incendios forestales (GIF) ha pasado de 7 a 32 en el mismo periodo del año pasado. No arden más metros cuadrados por casualidad. Arden más metros cuadrados porque hay más del cuádruple de incendios que superan la fase de conato —es decir, incendios que los bomberos ya no consiguen apagar nada más llegar, en los primeros minutos, y que por eso se escapan y siguen creciendo—. El humo viaja cientos de kilómetros. Se ve desde el espacio. Y la calidad del aire se degrada mucho más lejos de donde arde el monte.

A esto se suman el incendio de Los Gallardos, en Almería, que se cobró trece vidas a principios de mes, decenas de miles de personas evacuadas o confinadas en sus casas —más de 60.000 solo entre Ávila y Madrid, donde se ha activado por primera vez la Situación Operativa 3—, y una petición de ayuda a la Unión Europea. Mientras tanto, distintos colectivos de bomberos forestales denuncian carencias de personal y de medios frente a un dispositivo que las administraciones califican de histórico.

Todo suena exactamente igual que hace un año. Ese es, precisamente, el síntoma que más debería preocuparnos.

Una crisis que ya no es una anomalía

En 2025 España vivió la peor campaña de incendios del siglo, y una de las más graves desde que existen registros. Cerca de 355.000 hectáreas quemadas, solo superadas por las 437.000 de 1994. En apenas quince días de agosto se concentró el 90 % de toda la superficie quemada del año. Llegó a haber 18 grandes incendios activos de forma simultánea. Murieron ocho personas, 79 resultaron heridas, más de 42.000 tuvieron que huir de sus casas, y en municipios como Palacios de Jamuz (León) o San Vicente (Ourense) quedó arrasado cerca del 90 % de las viviendas.

Se repite la tragedia, se repite el guion. Los mismos vacíos de coordinación. La misma desproporción entre lo que se invierte en apagar fuegos y lo que se invierte en evitarlos. La misma sorpresa institucional ante algo que se veía venir.

Un invierno de lluvias históricas disparó la vegetación; una primavera seca y calurosa la dejó lista para arder. Fue, según la AEMET, la segunda primavera más cálida desde 1961. Era, en otras palabras, un riesgo anunciado con meses de antelación.

El clima explica por qué había tanto combustible listo para arder. No explica por qué, sabiéndolo, se siguió apostando por la extinción antes que por la prevención, aunque los propios datos oficiales demuestren que esa apuesta ha dejado de funcionar.

Lo que dicen los datos, sin adornos

El informe de WWF España Incendios extremos: el reto de adaptar el territorio desmonta algunos mitos y confirma otros bastante más incómodos.

El primero: hasta el 95 % de los incendios registrados en España —una cifra que corrobora también el Ministerio para la Transición Ecológica en sus estadísticas más recientes— tienen origen humano, y casi el 53 % de aquellos con causa conocida son intencionados. Detrás de esa cifra no hay ninguna conspiración. La Fiscalía de Medio Ambiente lleva años descartando la existencia de tramas incendiarias organizadas. Lo que hay es algo más prosaico y, a la vez, mucho más difícil de resolver: conflictos sociales sin atender en el medio rural, uso descontrolado del fuego como herramienta agroganadera y una impunidad casi estructural, porque apenas se identifica y condena a los responsables.

El segundo dato merece pararse un momento. El número total de incendios lleva veinte años a la baja —un 33 % menos entre 2016 y 2025 que en la década anterior—, pero eso no ha traído menos riesgo, sino más. Hay menos chispas, pero encuentran un monte con más vegetación seca acumulada y olas de calor más frecuentes, así que escapan al control con más facilidad. Los grandes incendios forestales, los que superan las 500 hectáreas, se han multiplicado. Pasaron de una media de 29 en el último decenio a 63 en 2025. Y por primera vez en décadas, la superficie quemada ha dejado de reducirse. Creció un 8 % en la media 2016-2025 respecto al periodo anterior.

Arden menos veces, sí, pero cuando lo hace, se propaga mucho más y mucho más rápido. El tamaño medio de un gran incendio en 2025 fue de 5.600 hectáreas, frente a las 1.500 de la media histórica desde 1965. Parte de esa magnitud responde a lo que la comunidad técnica denomina incendios de sexta generación. Son fuegos tan violentos que generan su propio clima. El calor forma una nube de humo tan alta y densa, un pirocúmulo, que puede llegar a comportarse como una tormenta. Cuando esa nube colapsa, genera ráfagas de viento repentinas e imprevisibles. Esas ráfagas empujan las llamas en varias direcciones a la vez, algo que ningún operativo humano puede anticipar ni controlar en ese momento. No todos los grandes incendios de 2025 y 2026 llegaron a ese extremo, pero cada vez más se acercan a él.

El tercer dato es, sencillamente, el que explica todos los demás. El gasto en extinción representa en torno al 78 % del total dedicado a la lucha contra incendios, frente a apenas un 12 % invertido en prevención. Apagar un incendio cuesta unos 20.000 euros por hectárea; la gestión forestal preventiva, unos 3.000; una quema prescrita y bien planificada —controlada por técnicos, hecha a propósito para eliminar de antemano la vegetación que alimentaría un incendio real—, apenas 500. La aritmética habla sola.

«Apagar un incendio cuesta unos 20.000 euros por hectárea; la gestión forestal preventiva, unos 3.000; una quema prescrita y bien planificada, apenas 500.»

El presupuesto: más de una década sin cambiar de rumbo

Aquí conviene dejar de lado los cálculos aproximados y mirar las cifras oficiales, porque cuentan una historia todavía más incómoda.

El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es quien recopila y publica estos datos de inversión pública en prevención de incendios forestales, dentro de una serie estadística que mantiene junto con el sector forestal desde hace más de dos décadas. Según cifras atribuidas a esa recopilación del MITECO, la inversión conjunta del Estado y las comunidades autónomas fue de 175,8 millones de euros en 2022. Bajó a 138,49 millones en 2023. Y en 2024 —cifra que hemos podido verificar directamente en el XIV Estudio de Inversión Forestal del MITECO— volvió a subir, aunque de forma modesta, hasta 143,8 millones. Ocho comunidades no remitieron su información ese año, así que la cifra real podría ser incluso algo más alta.

La inversión no llegó a recuperar el nivel de 2022. Ese año es también donde termina el gráfico histórico del informe de WWF, que muestra una serie más larga, con datos desde 2009: una caída fuerte a principios de la década de 2010 y, desde entonces, un estancamiento por debajo de esas cifras iniciales. No hay todavía datos oficiales agregados de 2025 ni de 2026 que permitan saber si esa tendencia ha cambiado, más allá de anuncios sueltos de alguna comunidad autónoma sobre su propio presupuesto.

¿Y quién gestiona realmente ese dinero? Aquí está una de las claves menos visibles del problema. La política de incendios forestales en España responde, en la práctica, a un modelo de gobernanza multinivel. En términos sencillos, nadie manda solo. El Estado pone parte de los medios y el dinero —créditos para aviones, helicópteros o la Unidad Militar de Emergencias, y transferencias a las comunidades autónomas—, pero es cada comunidad la que decide, ejecuta y contabiliza su propio plan anual de prevención, con criterios distintos y sin que exista un mando único que los coordine con un criterio común. El resultado son 17 sistemas de gestión distintos que apenas pueden compararse entre sí, y que impiden saber con certeza si, en conjunto, se está gestionando el territorio a la escala que la ciencia recomienda.

«La política de incendios forestales en España responde, en la práctica, a un modelo de gobernanza multinivel.»

Esa fragmentación es, en sí misma, parte del problema. Cada nivel de gobierno gestiona lo suyo, y no existe ningún mecanismo vinculante compartido que obligue al conjunto del sistema a alcanzar el umbral mínimo que la comunidad científica considera necesario: gestionar al menos el 1 % de la superficie forestal nacional cada año.

El paisaje que hemos construido para que arda

Detrás de estas cifras hay una transformación silenciosa del territorio que lleva décadas gestándose. Es el abandono rural. Donde antes existían mosaicos de cultivos, pastos y ganadería extensiva capaces de frenar el avance del fuego, hoy se acumula carga de combustible vegetal: matorral, hojarasca, ramas caídas, la biomasa disponible para arder. Se acumula además con una continuidad horizontal casi ininterrumpida. Ya no quedan los claros, caminos o zonas de cultivo que antes actuaban como cortafuegos naturales; sin gestión, esas barreras han desaparecido. El monte español no se ha vuelto más peligroso por capricho de la naturaleza; ha dejado de gestionarse, y el fuego ha encontrado un combustible ideal donde antes había vida agraria. Tampoco es, como suele repetirse, una cuestión de especies concretas. El eucalipto arde bien, pero no arde solo. Es cuestión de estructura, de cuánta vegetación se acumula y de cómo se distribuye en el territorio. Ya lo explicamos con más detalle hace unos meses, con datos concretos sobre cómo ese paisaje homogéneo se ha extendido por España.

A esto se suma la expansión desordenada de la interfaz urbano-forestal —el término técnico para las zonas donde las viviendas se mezclan directamente con el monte, sin una franja de separación—, con urbanizaciones levantadas en zonas de riesgo sin planificación ni autoprotección adecuadas. Se estima que alrededor del 80 % de esas viviendas, municipios y urbanizaciones carecen de planes de autoprotección o no los aplican. Lo que antes era un problema exclusivamente forestal se ha convertido en una emergencia civil de primer orden.

Y sobre todo esto pesa el contexto de calentamiento, que no origina el problema pero lo multiplica. Un estudio del grupo internacional World Weather Attribution concluyó que el cambio climático hizo que los grandes incendios del verano de 2025 fueran 40 veces más probables en España y Portugal. Las olas de calor llegan cada año antes, alargando una temporada de riesgo que ningún dispositivo de extinción, por bien dotado que esté sobre el papel, puede sostener indefinidamente.

Un pacto que lleva un año sin firmarse

Los datos de superficie quemada ya duelen por sí solos. Lo más desalentador de este informe es otra cosa: la brecha entre lo que se anuncia y lo que efectivamente se firma. En agosto de 2025, en plena ola de incendios simultáneos, el Gobierno central planteó la necesidad de un «gran pacto de Estado» frente a la emergencia climática. Casi un año y varias oleadas de incendios después, ese llamamiento se ha repetido en distintas ocasiones durante este mismo mes de julio, a medida que se sucedían los incendios de Almería, Guadalajara, Ávila y Madrid. Hasta la fecha no existe un acuerdo parlamentario vinculante, ni un presupuesto específico aprobado, ni un marco normativo que garantice su cumplimiento. Alcanzar ese tipo de pactos exige el respaldo de las fuerzas parlamentarias en su conjunto y la implicación de las comunidades autónomas, que gestionan de forma directa la mayor parte de las competencias forestales. Ese respaldo conjunto, hasta ahora, no se ha materializado, y la responsabilidad alcanza a todo el arco político, no solo al gobierno de turno.

La Unión Europea, por su parte, publicó en marzo de 2026 una comunicación sobre gestión integrada del riesgo de incendios forestales que amplía el enfoque más allá de la extinción hacia la prevención, la preparación y la restauración. Tampoco impone obligaciones jurídicas vinculantes, aunque anticipa futuras condicionalidades financieras. Son, de nuevo, intenciones declaradas sin ley ni partida presupuestaria que las sostenga todavía.

Qué significa, en realidad, adaptar el territorio

Adaptar el territorio significa decisiones concretas, y con frecuencia incómodas, no un eslogan de sostenibilidad para folletos institucionales. Empieza por la cartografía. Hay que identificar las zonas de alto riesgo de incendio (ZARI) y delimitar, dentro de ellas, las zonas estratégicas de gestión (ZEG) —los puntos del territorio donde una intervención selectiva basta para romper la continuidad del combustible y cambiar el comportamiento del fuego—. Sobre esa base, recuperar la ganadería extensiva y los cultivos tradicionales en mosaico como herramienta de prevención, no como nostalgia rural; planificar quemas prescritas donde son la forma más barata y eficaz de reducir la carga de combustible; exigir y financiar de verdad los planes de autoprotección en la interfaz urbano-forestal. En algunos paisajes de alto valor ecológico, además, la mejor prevención es la no intervención; en otros, la gestión activa resulta indispensable. Cada territorio pide su propia combinación de decisiones.

Y significa también, aunque rara vez se diga en voz alta, aprender a convivir con el fuego en lugar de prometer erradicarlo. El riesgo cero no existe en un país mediterráneo bajo un contexto de calentamiento sostenido. La pregunta honesta no es si volverá a arder España, sino si, cuando arda, lo hará de forma menos letal, menos extensa y menos recurrente que la vez anterior.

Una última cifra para no olvidar

Por cada dólar invertido en prevención forestal se evitan cerca de cuatro dólares en pérdidas asociadas a los incendios, según un estudio reciente publicado en Science. No es una cifra ideológica ni una consigna ecologista, sino rentabilidad pura, del tipo que cualquier gestor público debería perseguir sin necesidad de que se lo recuerde ningún activista. Y sin embargo, aquí estamos, un 26 de julio más, viendo arder el país mientras la inversión preventiva sigue infradotada, repartida sin criterio homogéneo entre diecisiete administraciones distintas, y el pacto de Estado que llevamos un año reclamando entre todos sigue sin traducirse en una sola firma conjunta.

«España no tiene, en el fondo, un problema de incendios. Tiene un problema de prioridades y de gobernanza.»

España no tiene, en el fondo, un problema de incendios. Tiene un problema de prioridades y de gobernanza. Y mientras no cambiemos ese orden —de apagar a prevenir, de anunciar a firmar, de repartir competencias a coordinarlas de verdad—, seguiremos escribiendo el mismo artículo cada mes de julio, con las hectáreas actualizadas y la misma certeza incómoda de que ya lo habíamos advertido.

Fuentes: WWF España, «Incendios extremos: el reto de adaptar el territorio» (2026); datos oficiales provisionales sobre superficie forestal afectada y grandes incendios forestales, periodo 1 de enero-26 de julio de 2026; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) —cifra de inversión en prevención de 2024 verificada directamente en el XIV Estudio de Inversión Forestal; cifras de 2022 y 2023 atribuidas a la misma recopilación estadística—; Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); Comisión Europea; World Weather Attribution; Science (Strabo et al., 2026).